Debate Público

Revolución, elecciones y antirrepublicanismo

 

 
Por Osmar Laffita Rojas
 
Foto tomada de www.escambray.cu
 
En los 56 años que llevan en el poder los actuales gobernantes cubanos, a quienes sus adláteres más cercanos -que gozan del privilegio de pertenecer al estrecho círculo de poder de militares y contados civiles- llaman la “dirección histórica de la revolución”, su accionar se ha caracterizado por una forma de gobierno omnímoda. Con tal proceder han dejado claro su rechazo a un orden constitucional republicano sostenido en los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).
 
La vigencia de un orden constitucional hubiese permitido la alternancia en estos poderes, como muestra de la existencia de una verdadera república, como dijera nuestro Apóstol Nacional José Martí, “con todos y para el bien de todos”.
 
Hablar en Cuba de democracia, participación ciudadana, elecciones libres, partidos políticos, y sociedad civil independiente, es algo sin sentido para todos aquellos que conocen los fundamentos de la democracia en el sentido lato del término. 
 
En el Estado y el Gobierno cubanos están ausentes los principios que caracterizan y fundamentan la existencia de una democracia participativa.
 
Al no haber otros partidos políticos además del Partido Comunista (PCC), no hay elecciones libres y proporcionadas de los delegados para las asambleas provinciales y los diputados al parlamento.
 
Esta política selectiva, excluyente y antipopular responde al artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba, que deja claro que: “el Partido Comunista de Cuba, es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado que organiza y orienta los esfuerzos hacia los altos fines de la construcción socialista”. 
 
El pueblo solo puede elegir por el voto directo y secreto a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular, pero en el caso de los integrantes de las asambleas provinciales y los diputados al parlamento, son previamente propuestos en un listado que confecciona la comisión de candidaturas municipal, que la presenta a los delegados de la asamblea municipal para que estos elijan los que formarán parte del listado de los candidatos para ambas instancias legislativas.
 
El PCC es el que pauta y dirige el proceso electoral, desde la circunscripción hasta la conformación del parlamento. Las comisiones de candidaturas municipales solo están facultadas para elaborar un listado del 50% de los 612 candidatos a diputados; la mitad restante aparece en un listado elaborado por la Comisión Nacional de Candidaturas, un típico dedazo. 
La población concurre a votar, para delegados a las asambleas provinciales y diputados al parlamento, por personas que no eligieron y que en la mayoría de los casos no conoce. Su único contacto con ellos es aceptar una edulcorada biografía elaborada para sus fines propagandísticos por el PCC, que los presenta como personas probas, casi beatos.
 
Tal procedimiento es una flagrante violación del derecho del ciudadano de elegir libre y directamente a sus representantes. Tan antidemocrático proceder está plasmado en la Ley 71, una Ley Electoral en cuyo cuerpo legal está ausente el soberano derecho de elegir directamente a todos aquellos que tendrán la responsabilidad de representarlos en las instancias legislativa y ejecutiva, como ocurre en cualquier país democrático.
 
La postura antirrepublicana del actual régimen se inició en las primeras semanas de 1959, cuando Fidel Castro dio a conocer la Ley Fundamental en sustitución de la Constitución de 1940, que había sido abolida de facto por el general Fulgencio Batista luego del golpe militar del 10 de marzo de 1952 contra el gobierno constitucional del presidente Carlos Prío Socarrás.
 
El general golpista, en sustitución de la decapitada constitución, puso en vigor los “Estatutos Constitucionales”. Luego del derrocamiento del régimen de Batista el 1 de enero de 1959, lo que se imponía era poner nuevamente en vigor la Carta Magna de 1940 como acto de justicia y muestra del apego a los principios constitucionales que el Dr. Fidel Castro defendió en su alegato “La historia me absolverá”.
 
Recordemos que la Constitución de 1940 era la más avanzada del hemisferio occidental en su época. 
Puede afirmarse que existe una cierta similitud histórica en cuanto a fines y propósitos de los Estatutos Constitucionales de Batista y la Ley Fundamental. Los principios democráticos refrendados en la Constitución de 1940 fueron pisoteados por el batistato. Los que derrocaron aquel régimen lo sustituyeron por un gobierno militar que tiene sometida la soberanía del pueblo cubano desde hace 56 años.
 
Los militares que hoy tienen el poder en Cuba, bajo el amparo y la dirección del Partido Comunista, no han vacilado en dejar claro que para ellos primero está su Revolución y después la República. La sociedad civil, las elecciones, los sindicatos, las demás organizaciones no son tenidas en cuenta en el momento de tomar las decisiones. Solo se tienen presentes cuando se requiere su apoyo, para demostrar a la opinión pública que cuentan con el respaldo de millones de cubanos y mostrar una falsa unidad en torno al Partido, el Estado y el Gobierno.
 
La convocatoria a las elecciones parciales de delegados del Poder Popular, a celebrarse en el mes de abril, es una pantomima en la que el Partido Comunista y los militares involucran obligatoriamente a los consejos de administración de provincias y municipios, a las organizaciones de masas, las universidades y la “sociedad civil” llamada oficialista. Con ello tratan de enviar la falsa señal de una democracia y libertad hoy inexistente. 
 
El pueblo no tiene ninguna oportunidad para el libre ejercicio de sus libertades y mucho menos actuar de acuerdo a sus intereses, con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la nación cubana. Al parecer, los actuales gobernantes militares y civiles y sus herederos no tienen tiempo de enterarse de las penurias en que está sumida la mayoría de la población cubana.
 
Osmar Laffita Rojas (La Habana, 1945).
Periodista independiente.
Escribe en Cubanet, Primavera Digital y Diario de Cuba.