Debate Público

El desarrollo humano integral en Cuba: Gobernanza y primacía de la sociedad civil


Por Jorge Ignacio Guillén Martínez

Foto de Maikel Iglesias Rodríguez.
 
Entre los sueños que tengo para Cuba y el escenario actual de la economía cubana, existe un camino que ya ha comenzado y del cual debemos ir aprovechando cada oportunidad por mínima que parezca, convirtiendo los retos y desafíos que se nos presentan en aportes positivos para el futuro de Cuba, para así ir profundizándolo y agilizándolo, a fin de que nuestro país avance con rapidez y eficacia hacia mayores grados de Desarrollo Humano Integral (DHI).
 
En este afán de construir desde lo que ya hay, me animo a realizar algunas propuestas que permitan un modelo económico capaz de conjugar las metas de crecimiento y eficiencia con los objetivos sociales (justicia social y equidad) en este momento de transición que sin duda alguna ya está en marcha. Dichas propuestas serán realizadas a la luz de los principios y valores expuestos en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) en los capítulos relacionados con la economía, y teniendo en cuenta también las enseñanzas que podamos tomar de la experiencia acumulada en la aplicación del modelo de Economía Social de Mercado.
 
Estado, Mercado y Sociedad Civil
 
Estado, mercado y sociedad civil constituyen un trío inseparable e imposible de dejar a un lado a la hora de preguntarnos cómo ordenar correctamente la sociedad cubana de hoy, para instaurar la igualdad (no igualitarismo), la equidad y la libertad, aspectos estrechamente vinculados con el desarrollo humano. Pensar Cuba, requiere rediseñar un modelo en el que estos tres agentes logren un sano equilibrio que permita a la sociedad avanzar hacia el bien común, fin último del Desarrollo Humano Integral (DHI).
 
A partir de esta idea, podemos afirmar que, para que el DHI sea posible en Cuba, el accionar de los agentes anteriormente mencionados debe estar orientado al bien común. Afirmación que adquiere una elevada relevancia en un momento como el que vive nuestro país, en el cual la obra más noble e impostergable que nos convoca a todos los cubanos, es precisamente la de diseñar nuestro sueño de Nación, y los caminos y estrategias que nos guíen hacia dicho DHI. Ya sea por medio de nuestra participación a través de las instituciones del estado, de las estructuras del mercado o en las redes de las organizaciones intermedias o sociedad civil, nuestro esfuerzo debe tributar a tal fin.
1-Estado y bien común
 
Me resulta incómodo escribir sobre este tema, ya que, pensar en la realidad cubana del último medio siglo me deja muchos sinsabores relacionados con lo que debería ser la acción del estado y la búsqueda del bien común. Pues, un estado absolutista y coercitivo es lo más alejado que podríamos encontrar de la concepción del bien común sobre la que se fundamenta la DSI, documento inspirador de muchas de las reflexiones que intento exponer.
 
Pero, como me gusta ser coherente con uno de los lemas del Centro de Estudios Convivencia (CEC): “15 minutos para quejarse y 45 para proponer el futuro”, no me detendré en el diagnóstico ni en fundamentaciones sobre el carácter absolutista del estado-gobierno-partido cubano, sino que pasaré rápidamente a proponer algunas ideas que deberían tenerse en cuenta a la hora de pensar el papel que jugará el estado en el futuro de Cuba.
 
El reconocido filósofo francés Jacques Maritain, nos ayuda a aclarar qué es el estado, cuál sería su función en la sociedad, y cuáles sus límites; aspectos de suma importancia, pues continuamente los cubanos hemos confundido estas cuestiones, dejando que el “todopoderoso” absorbiera a los ciudadanos, a la sociedad civil, al mercado y a la vida social en sentido general. Dice Maritain:
 
El Estado es tan solo esa parte del cuerpo político cuyo peculiar objeto es mantener la ley, promover la prosperidad común y el orden público, administrar los asuntos públicos. El Estado es una parte especializada de los intereses del todo. No es un hombre o un grupo de hombres: es un conjunto de instituciones que se combinan para formar parte de una máquina reguladora que ocupa la cúspide de la sociedad” (...) El Estado no es la suprema encarnación de la idea, como creía Hegel. No es una especie de superhombre colectivo. El Estado no es más que un órgano habilitado para hacer uso del poder y la coerción y compuesto de expertos o especialistas en el orden y el bienestar público; es un instrumento al servicio del hombre. (Maritain, 1951, p. 26-27).
 
Según esta visión y en contraste con nuestra realidad, el estado está para organizar, velar por el orden público, proteger, hacer cumplir la ley, promover el bienestar y el progreso común, etc.; nunca para absolver, limitar, bloquear, disolver, o controlar las potencialidades y capacidades de la persona humana, pues este, no es más que un instrumento al servicio de la persona. El valor de la persona y el respeto de su dignidad debería ser algo sagrado, relacionado con esto, continúa Maritain: “Poner al hombre al servicio de este instrumento es una perversión política. La persona en cuanto individuo es para el cuerpo político, y el cuerpo político es para la persona humana en cuanto persona. Pero el hombre no es en modo alguno para el Estado, el Estado es para el hombre”. (Maritain, 1951, p. 27); cuando se pasa por encima de estos criterios es imposible que se pueda construir una obra buena, ni socialismo, ni capitalismo ni cualquier otro sistema o modelo para el desarrollo que pretenda avanzar en la búsqueda del bien común puede pasar por alto estos criterios.
 
Por otro lado, Aristóteles decía que el objeto de la acción del Estado debería ser el más importante de todos los bienes existentes, que para nosotros es el bien común, “...es claro, por tanto, que todas las asociaciones tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones, de aquella (...) a la cual se llama precisamente Estado”.
 
Un Estado que no orienta su acción al bien común no puede aspirar a construir el DHI, pues la propia naturaleza de su existencia hace del bien común su tarea central, como única meta viable para que una sociedad acceda a la felicidad, la vida digna, el respeto de la justicia, la rectitud moral, el cultivo de los más ricos valores y virtudes cívicas, la prosperidad y la riqueza espiritual. En este sentido y en plena consonancia con la afirmación aristotélica anteriormente citada, señala Maritain que “El bien común de la sociedad política es el fin supremo del Estado y tiene preferencia sobre el fin inmediato del Estado que es mantener el orden público”. (Maritain, 1951, p. 37).
 
Cuando nos referimos al bien común, no debemos pensar en una realidad inalcanzable, algo imaginario imposible de conseguir; pues el bien común se construye día a día con pequeñas acciones concretas, por ejemplo: respetando los derechos de las personas y creando las condiciones necesarias para que asuman con libertad y responsabilidad sus deberes, promoviendo el respeto a la dignidad de la persona, educando para el diálogo, la reconciliación, la solidaridad, la caridad, y promoviendo la participación democrática y el Estado de Derecho. Estas son acciones concretas que deben guiar a cualquier estado que aspire al DHI y al bien común.
 
Para encaminar sus acciones al bien común, el estado debe organizarse a través de un sistema de instituciones que -en la práctica- son las que marcan las “reglas del juego”, necesarias para el ordenamiento y el desarrollo de cualquier sociedad. Reglas que nacen de valores compartidos consensuados y ampliamente discutidos por medio de procesos de debate público, y que garantizan el orden constitucional, el gobierno de la ley, y la sostenibilidad del sistema democrático. Estos factores se encuentran en la base del desarrollo humano, en la medida en que están orientados hacia la ampliación de las capacidades y las oportunidades para que las personas desarrollen plenamente su libertad e iniciativa creadora a fin de mejorar sus condiciones (materiales y espirituales) de vida y las de los que los rodean.
 
Es a través de este sistema institucional que el estado debe ejercer una justa y moderada intervención sobre las estructuras del mercado, de manera tal que se logren promover objetivos sociales compartidos, movilizar ingresos para invertir de manera productiva en la financiación de actividades del sector público, proteger la propiedad y hacer cumplir los contratos, etc. Son las instituciones las que garantizan su papel activo en la atención y corrección de las llamadas “fallas del mercado”, especialmente, haciendo frente a las externalidades, promoviendo la competencia y respondiendo de manera proactiva ante los -inevitables- desequilibrios del mercado.
 
También es importante señalar que, para dar cumplimiento a su deber esencial de realizar la justicia social, el estado debe partir del principio de subsidiariedad, el cual plantea la necesidad de intervenir solamente allí donde los agentes por sí solos no son capaces de satisfacer sus necesidades1 de tal manera que se eviten el paternalismo estatal y el acomodamiento por parte de los ciudadanos, realidades que propician el debilitamiento de las capacidades de las personas y de su participación activa como ciudadanos. Este papel subsidiario, no solo debe enfocarse en los aspectos económico y de superación de la pobreza, sino que también debe jugar un papel de peso en la reconstrucción (Ej: a través de la legislación) de una sociedad civil cada vez más robusta, independiente y madura. Pues, el estado puede y debe asumir este compromiso sin que con ello llegue a absolver o someter a la sociedad civil.
 
De igual forma, resulta valiosa la creación de consensos respecto a temas y objetivos sociales estructurales (de equidad, superación de la pobreza, igualdad de oportunidades, respeto de los Derechos Humanos) para el proceso de desarrollo, específicamente en cuanto a la necesidad -de trascendental importancia- de que dichos contenidos y objetivos sociales sean enfocados como políticas de Estado y no como políticas de gobierno. De este modo se evitan -entre otras cosas- los gobiernos populistas que juegan con las necesidades concretas de la gente a fin de satisfacer sus intereses propios.
 
2-Mercado y bien común
 
Si bien la finalidad de la economía y de la acción de los agentes económicos no debe reducirse al mero interés individual, que, aunque sea legítimo, se olvida de la utilidad o interés social, tampoco debe reducirse a una simple función de “correa de transmisión” o agente ejecutor, absorbido por un Estado paternalista que los deje indefensos y dependientes. Es por eso, que, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la planificación central ha sido y continúa siendo un fracaso, y no solo desde el punto de vista económico, sino, principalmente desde el punto de vista humano, especialmente, al pasar por encima de la persona humana, anulándola hasta su mínima expresión. De este modo, podríamos hablar de una imposibilidad del modelo centralmente planificado -tal y como lo conocemos- para orientar a la economía por caminos de humanización, justicia y prosperidad.
 
Es importante destacar que el mercado, en contraposición con la planificación central, es el único mecanismo que ha demostrado a lo largo de la historia ser capaz de proveer la eficiencia, prosperidad, riqueza, e incluso la sostenibilidad, ineludibles para responder a las cada día más crecientes necesidades de las personas y de la sociedad, y para avanzar hacia cualquier proceso de desarrollo. Existen muchos ejemplos, que demuestran lo anterior, posicionándose así, el mercado o libre mercado como la única institución en materia económica capaz de emprender y de sostener en el tiempo resultados que garanticen el desarrollo económico, y que, por ende, tributen al bien común.
 
En este sentido, otro aspecto que merece ser destacado es que no podemos identificar acríticamente al mercado con el capitalismo salvaje del que tan mal nos han hablado a los cubanos. Si bien es cierto que el capitalismo (basado en el mecanismo del mercado) ha tenido expresiones siniestras, que de ninguna manera podríamos pensar que están encaminadas a la búsqueda del bien común, como, por ejemplo, algunas de las sociedades opulentas y excluyentes que hoy en día perviven en el mundo “desarrollado”; también es cierto que este mismo sistema de mercado ha logrado avances sumamente significativos en cuanto a expansión de la libertad, la responsabilidad y las capacidades de las personas, aumentos sostenibles en cuanto al nivel y calidad de vida, disminución de la pobreza y la desigualdad, mayor acceso a la riqueza, a sistemas de seguridad social, etc. Basta mirar las experiencias -entre otras- de los países nórdicos. En relación con estas realidades el Papa Benedicto XVI señalaba en la carta encíclica Caritas in Veritate:
 
Creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal de la historia ha inducido al hombre a confundir la felicidad y la salvación con formas inmanentes de bienestar material y de actuación social. Además, la exigencia de la economía de ser autónoma, de no estar sujeta a «injerencias» de carácter moral, ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos económicos incluso de manera destructiva. (Benedicto XVI, 2009, p. 21).
 
En términos generales esta realidad ha predominado en el mundo de la economía mediante diferentes modelos económicos. Tanto los modelos centralmente planificados como los neoliberales se han creído capaces de construir la sociedad ideal en la que todos seríamos felices, desligando la felicidad de los hombres de criterios éticos y morales que son los únicos capaces de garantizar que no se pase por encima de la persona, que se respete su primacía y su finalidad.
 
El mercado es el sistema que por naturaleza debe conducirnos al DHI, pero sin olvidar que este necesita de cierta regulación, de ciertos límites éticos que lo lleven a ser un instrumento al servicio de la persona y del bien común, evitando que en nombre de una falsa libertad deje de responder a las exigencias de la justicia social y la humanización de la economía y la sociedad en sentido general. De manera categórica el Papa Francisco hace un llamado al respecto en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium:
 
No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. (Francisco, 2013, p. 40).
 
Debemos reconocer con tristeza, que estas son las dinámicas en las que se mueve gran parte de los países del mundo. En Cuba también sufrimos esas exclusiones e inequidades, quizás la causa principal no es la volatilidad y falta de escrúpulos de los mercados financieros, pero sin duda alguna cuando un partido es más importante que la libertad de las personas o que cualquiera de sus derechos, también se vive este tipo de perversiones.
 
Estas reflexiones del Papa Francisco no solo debemos verlas como una dura y acertada crítica a la realidad, sino también como una alarma que nos indica cómo avanzar hacia el futuro, cómo pensar la economía y cómo acompañar al mecanismo del mercado para que verdaderamente nos permita avanzar hacia el DHI y el bien común. Cuba está avanzando -sin lugar a dudas- hacia una economía de mercado, a pesar de que el discurso oficial diga que la apertura a este mecanismo será solo parcial y que la realidad parezca estancada, existen factores determinantes que están empujando de manera decidida hacia una economía de mercado, entre ellos, algunos son: 1- La interminable crisis que vivimos como consecuencia del fracaso de la planificación central; 2- La participación, presión y el empoderamiento de la sociedad civil en el escenario actual; 3- El proceso de normalización de las relaciones con Estados Unidos; 4- El rumbo de las negociaciones con la Unión Europea; y 5- La situación de los países de América Latina con mayores vínculos con Cuba (específicamente Venezuela, con un intercambio comercial de más del 40%2 y Brasil), y la ola de gobiernos de derecha que se está perfilando en la región.
 
Este es momento de preparar el camino para ese tránsito que se está dando. Debemos tomar nota de las experiencias internacionales y a partir de un profundo estudio de nuestro país y de su historia, diseñar los caminos que nos permitan dar el salto -que muchos países no han podido dar- hacia un mercado más humano, basado en el respeto y promoción de la libertad humana integral de la persona y en su dignidad inalienable. Pues a pesar de todas las distorsiones y fallas que -con razón- se le atribuyen al sistema del libre mercado, este continúa siendo el mejor mecanismo de asignación de recursos, de formación de precios, de creación de riquezas, etc., y cuando se complementa con la adecuada regulación (por medio de normativas correctamente diseñadas e implementadas) es capaz de garantizar avances significativos en beneficio de todos y de cada uno de los miembros de la sociedad, lo que conocemos como bien común.
 
3-Sociedad civil y bien común
 
En Cuba, la conceptualización del término sociedad civil ha sido víctima de diversas deformaciones, tanto así, que muchos cubanos no saben ni se interesan por saber qué cosa es la sociedad civil, cuál es su función, cómo se forma, cuál debe ser el fin al que se orienta, etc.; otros la identifican con los grupos y asociaciones que representan los intereses del partido-estado y otros, en fin, creen que es el conjunto de la sociedad, o todas las personas no militares. Sin dudas, una de las irrefutables pruebas que demuestran los altos grados de analfabetismo cívico y político que reinan en nuestra sociedad. Es por eso que considero importante volver sobre este concepto, y en especial, al mirar la relevancia que ha ganado en las democracias del mundo contemporáneo. Según el libro “Ética y Cívica” del CEC podemos entender por sociedad civil:
 
El conjunto abierto, complejo, diverso, incluyente, articulado, de las relaciones y recursos que conforman un tejido social o entramado cívico de todos aquellos grupos naturales, asociaciones sociales, culturales, deportivas, empresariales, políticas, profesionales, asistenciales, solidarias, sean lucrativas o no, de todas aquellas instituciones religiosas, fraternales, humanitarias, de todas aquellas organizaciones ya sean de carácter local, nacional e internacional, y que todas ellas tienen como rasgos comunes:
 
• Su autonomía: de fundación, de gestión, de financiamiento, de organización y acción con respecto a cualquier estructura del Estado (que sean de verdad no-gubernamentales).
• Sus métodos y fines pacíficos.
• La esfera pública o espacio público: libre y participativo, donde pueden debatir entre ellos los asuntos cívicos, políticos, públicos, también forma parte de la misma sociedad civil como su atmósfera o hábitat. Este espacio público también les permite a los grupos de la sociedad civil debatir, presionar, denunciar o cooperar con el Estado y con las Estructuras del Mercado macroeconómico, así como crear estados de opinión y presión pacífica y democrática con relación al Estado y al Mercado. (Valdés, y otros, 2014, p. 224).
 
Los cubanos necesitamos con urgencia reconocer y entender este concepto de sociedad civil, entender que nuestra familia, nuestro barrio, nuestra comunidad religiosa o profesional, forman parte del entramado de la sociedad civil y que es desde esos espacios que debemos participar libre y responsablemente en proyectos e iniciativas que conduzcan a nuestro país hacia un verdadero proceso de DHI. Es a partir de los ambientes y espacios de la sociedad civil que debemos formarnos como personas y como ciudadanos democráticos, para denunciar y anunciar, proteger, controlar, animar y educar, participar, repensar y diseñar la nación que queremos. Pues de esta manera ponemos nuestro aporte para el bien de todos los cubanos, para el bien común que es el verdadero fin de la sociedad civil. “El fin establecido para la sociedad civil alcanza a todos, en cuanto persigue el bien común, del cual es justo que participen todos y cada uno según la proporción debida”. (León XIII, 1892).
 
Así se construye y conquista el DHI de una sociedad, desde la base, desde abajo. El estado no ha logrado ni logrará nunca desde arriba que una sociedad progrese y crezca en humanidad, tampoco lo ha hecho el mercado, dejado por sí solo a su libre albedrío; somos los ciudadanos los encargados de orientar ambas instituciones para que contribuyan al bien común y al respeto y promoción de la persona humana.
 
En Cuba el estado ha absorbido de tal manera a la sociedad civil, que las personas hemos aprendido a vivir como pichones, esperando a que todo nos caiga del cielo, incapaces de tomar las riendas de nuestras vidas y avanzar con libertad y responsabilidad hacia los sueños que deberían movernos. Debemos ahora, aprender que la participación democrática, desde las estructuras de las organizaciones intermedias que nosotros mismos creemos, promovamos, fortalezcamos y gestionemos, es la única vía eficaz de acompañar la acción del estado y del mercado, a fin de lograr una armónica convivencia entre esta forma tripartita, para avanzar así, en materia de justicia social y bien común.
 
Cuando el poder político debilita la cohesión y actividad de las comunidades locales, hace de las organizaciones intermedias «correas de transmisión» sin iniciativa ni verdadera autonomía y hace desarticular el tejido de la sociedad civil por la dependencia y la identificación de esta con el sistema o la estructura política, la sociedad está enferma y los ciudadanos se desarraigan, pierden la iniciativa y la creatividad y son débiles y despersonalizados (irresponsables y dependientes) frente al poder político. La medida de la salud y autenticidad de una sociedad civil es un ciudadano libre, responsable, participativo y tolerante. (Valdés, y otros, 2014, p. 109).
 
Es por eso que, en esta hora de Cuba favorecer el empoderamiento y la participación ciudadana con vistas a reconstruir el tejido de la sociedad civil es un imperativo ético para todos los cubanos. Cuba necesita que aprendamos a ser personas, para llegar a ser ciudadanos; ciudadanos que, asociados para reclamar sus derechos y asumir sus deberes configuran la red vigorosa que definimos como sociedad civil; la cual garantiza la gobernanza y es base para la democracia. He aquí uno de los mayores retos que nos desafían a los cubanos de hoy.
 
Gobernanza y primacía de la sociedad civil
 
De los puntos anteriormente referidos podemos llegar a la conclusión de que es la primacía de la sociedad civil sobre el mercado y sobre el estado la única forma viable y mínimamente segura de promover un DHI o al menos un modelo económico encaminado hacia la autofinalidad de la persona humana y por tanto el pleno respeto a su dignidad y valor inalienables. De igual forma, podemos entender la gobernanza como una forma segura y efectiva para ejercer el protagonismo y la primacía de la sociedad civil. Por supuesto, entendiendo la gobernanza como el proceso por medio del cual los ciudadanos ejercen a través de redes -con plena autonomía y autogestión- su participación libre y responsable en la ordenación de los destinos de la Nación.
 
De esta forma, como camino efectivo para cultivar la soberanía ciudadana, todas las instituciones y estructuras deberían estar al servicio de la sociedad civil, al tiempo que esta, guiada por principios que garanticen la plena colaboración y articulación de todos los actores de la vida social (cada uno de los cuales asume libremente los roles y funciones que les son propios) se prepara y asume con responsabilidad el deber de participar en la toma de decisiones. Para Cuba este reto es inmenso, pero que esto no nos desaliente, pues contamos con los requerimientos mínimos para construir -desde abajo- con el esfuerzo diario y entendiendo nuestra participación como alteridad, una Cuba verdaderamente nueva, en la que cada día estemos más cerca del pleno DHI.
 
Este concepto de gobernanza no supone, en modo alguno, el olvido del papel central que deben desempeñar en el proceso de desarrollo el estado y el mercado, sino que apunta decididamente hacia un sano y efectivo equilibrio que priorice a la sociedad civil, por ser esta la esfera por excelencia para propiciar el desarrollo humano, despertando, promoviendo y encaminando todo el abanico de capacidades y oportunidades indispensables para la realización plena de la persona y el progreso -en sentido amplio- de una sociedad. En este sentido, Prats señala que “La gobernanza está ganando terreno en los últimos años y se está imponiendo a otros sistemas de gobierno como la jerarquía o el mercado, que habían sido ampliamente utilizados anteriormente, aunque ello no significa una superación de los anteriores modos de gobernación, sino una modulación y un reequilibrio”. (Prats Catalá, 2005).
 
Queda claro así, que la gobernanza implica una nueva forma de gobernar, y por tanto una nueva y diferente oportunidad para Cuba. Teniendo en cuenta que la pluralidad de actores, el equilibrio anteriormente descrito y las relaciones horizontales implícitos en dicho concepto, han sido de las principales ausencias en la forma de gobierno de nuestra sociedad, y asumiéndola no como un fin en sí misma, pero sí como un medio determinante para acceder al DHI.
 
Por otro lado, a los cubanos muchas veces nos queda el sentimiento o la idea de que nada podemos hacer, de que los cambios deben venir desde instancias superiores (políticas, económicas, culturales), y que los ciudadanos -por una u otra razón- somos incapaces de echar para adelante los sueños que tenemos para Cuba. Así, frecuentemente dejamos de valorar los pequeños cambios que cada día se van consumando, y lo más importante, dejamos de aprovecharlos y de usarlos como trampolín para seguir adelante. Para los cubanos es un imperativo construir desde lo que ya hay. ¿Cómo? 1- Aprovechando cada oportunidad por mínima que parezca, convirtiendo los retos y desafíos que se nos presentan en aportes positivos para el futuro de Cuba; 2- Participando para servir a los demás y no para servirnos de ellos; 3. Presionando desde nuestros grupos y espacios para que no se limite la libertad personal ni por el colectivismo ni por el individualismo; 4- Creando y participando en procesos de aprendizaje donde se entrene la iniciativa productiva y la responsabilidad social; 5- Creando y participando en nuevas iniciativas laborales, (“tercer sector” o economía solidaria) (mutuales, mercado social); 6- Contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del sector privado en Cuba (PYMES como base y eje fundamental para el desarrollo); 7- Promoviendo la creación de plataformas para la creación de consensos y el debate público, crítico, transparente y abierto; 8- Exigiendo nuestros derechos y asumiendo nuestros deberes (Ej. remuneración justa y condiciones de trabajo necesarias).Como afirmé en el número 50 de la revista Convivencia:
 
Cuba necesita, hoy más que nunca esta participación que nos lleva a salirnos de nosotros mismos e ir al encuentro con los necesitados, y a poner los intereses de nuestra Patria por encima de intereses personales, que implica dejar a un lado nuestras riquezas, comodidades, indiferencias, apatías y justificaciones, para ser fieles guardianes de la paz y la justicia social, defensores del diálogo y la reconciliación, portadores de la libertad y la democracia.
 
Evidentemente existen muchas maneras, dentro de lo que hemos definido aquí como gobernanza, para participar y trabajar por el DHI y el bien común. Cuba nos convoca, la responsabilidad es nuestra.
 
La Economía Social de Mercado como alternativa
 
Por último, podemos englobar las dinámicas, roles y funciones anteriormente descritos para el estado, el mercado y la sociedad civil, dentro del modelo de Economía Social de Mercado, surgido en la Alemania de postguerra y con probados resultados (especialmente en países europeos) en cuanto a la conjugación de los objetivos económicos y sociales que implica el DHI. El siguiente cuadro contiene un resumen de algunos de los elementos fundamentales que permiten una mejor comprensión de este modelo.

 
Para este modelo, la libre iniciativa privada, la propiedad privada, la libre formación de precios, la competencia y el papel esencial del mercado como instrumento de asignación de recursos, no son excluyentes de otras características como regular la concentración de capital, impedir las inequidades, promover los deberes y responsabilidades de los diferentes actores, la redistribución de las riquezas, y el papel esencial de los sistemas de seguridad social para lograr la justicia social. Además, resultan de vital importancia, el interés prestado por este modelo a la sostenibilidad del desarrollo y a la justicia intergeneracional, promoviendo -de esta forma- la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin sacrificar las oportunidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.
 
La Economía Social de Mercado, además de buscar la combinación entre éxito económico y la justicia social, y de estar orientada a la existencia de la paz social y el bienestar, recogidos en el concepto de bien común, también constituye un orden lo suficientemente claro y flexible para trascender la coyuntura e incorporar nuevas realidades (Frisch, 2009), aspecto que adquiere una gran relevancia a la hora de adaptar este modelo a las circunstancias concretas que impone la búsqueda del DHI en la Cuba actual.
 
Bibliografía
 
Aristóteles. (s.f.). Política, Libro I, Cap I. Madrid: Obras Completas, Editorial Gredos.
Benedicto XVI. (2009). Carta enc. Caritas in Veritate. Vaticano.
Francisco. (2013). Exh. ap. Evangelii Gaudium. México: Ediciones Dabar S.A. de C.V.
Frisch, J. R. (2009). Economía Social de Mercado (Elena Noboa Jiménez ed.). Quito-Ecuador.
Guillén Martínez, J. I. (2016). La participación: una forma de ser portagonistas. Convivencia (50), 22-23. Obtenido de http://www.convivenciacuba.es
León XIII. (1892). Carta enc. Rerum Novarum. Acta Leonis XIII.
Maritain, J. (1951). El hombre y el Estado. Chicago.
Prats Catalá, J. (2005). De la burocracia al management. Del management a la gobernanza. Las transformaciones de las Administraciones públicas de nuestro tiempo. Madrid: INAP.
Valdés, D., Gálvez Chiú, K., Gort, M. d., Toledo López, V., Cabarrouy, S. L., Capote Martínez, R., . . . Céspedes y García Menocal, M. H. (2014). Ética y Cívica: aprendiendo a ser persona y a vivir en sociedad. Pinar del Río: Ediciones Convivencia.
           
 
Referencias
1Ver Principio de Subsidiariedad en el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.
2Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
-----------------------------------------------
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.

Estudiante de Economía.