Economía

Situación económica, política y social de Cuba

Ponencia en la XXI Conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Miami, Florida, Agosto de 2011.
Por Oscar Espinosa Chepe
Conductora de agua potable dañada.
Conductora de agua potable dañada.
En primer lugar deseo expresar nuestro agradecimiento a la invitación para participar en la XXI Conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Como en anteriores ocasiones, por razones ajenas a mi voluntad, tampoco podré estar presente en este importante evento, donde doy por seguro que como resultado de los debates realizados por talentosos estudiosos de la complicada realidad cubana emergerán análisis e ideas que serán de gran utilidad para el presente y el futuro de la nación. Con el propósito de coadyuvar modestamente a los trabajos e intercambios de criterios que serán llevados a cabo en la Conferencia enviamos este trabajo donde reflejamos nuestra visión desde la Isla del delicado estado de la economía y de otros aspectos de la sociedad cubana, agravado por la constante acumulación de dificultades y la demora en la aplicación de las transformaciones que con suma urgencia son requeridas.
Principales acontecimientos
El período transcurrido desde la última Conferencia de la ASCE, celebrada a fines de julio del 2010, hasta hoy, ha estado lleno de acontecimientos. A inicios de agosto, el Presidente Raúl Castro en un discurso pronunciado con motivo de la celebración de una reunión de la Asamblea Nacional, anunció la ampliación del trabajo por cuenta propia y la posibilidad de comercializar las producciones, así como que pueda contratarse en ese marco fuerza de trabajo por particulares, eliminando una prohibición mantenida por el gobierno por decenios con carácter de dogma, a tal punto de todavía estar inscrita en el Artículo 21 de la Constitución.
El General Raúl Castro en esa oportunidad se refirió además al inicio de un programa por etapas de racionalización del personal sobrante en los centros de trabajo, en un monto de 1 300 000 personas, aproximadamente el 25,0% de la fuerza de trabajo empleada.
La controlada Central de Trabajadores dio a conocer un Pronunciamiento en septiembre sobre los mecanismos para el despido de los trabajadores. En el documento se señala que, de acuerdo al calendario establecido, estaba previsto reubicar a 500 000 personas hasta abril del 2011, objetivo posteriormente incumplido por disimiles razones.
En octubre se dieron a conocer los instrumentos legales para la implementación del trabajo por cuenta propia, y el 8 de noviembre se anunció la convocatoria al demorado VI Congreso del Partido Comunista para realizarse en abril de 2011. En los Decretos-Leyes referidos al trabajo por cuenta propia y más tarde en el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social, quedó claro que las concepciones oficiales para salir de la crisis eran insuficientes.
Esos documentos evidencian el propósito de realizar tardíos y pequeños cambios para mantener la fuente real de los problemas: un sistema absolutamente disfuncional y totalitario que ha llevado la nación al más completo desastre y a la incierta dependencia de factores externos. Esos documentos denotan que los cambios fueron diseñados para que en esencia todo siga igual, quede resguardado el poder omnímodo y los privilegios detentados por un grupo de personas durante más de 50 años. Soslayan la verdadera génesis de los problemas y exponen medidas que se quedan a mitad del camino, llenas de limitaciones y prohibiciones. Repiten los errores anteriores cometidos en la entrega de tierras en usufructo o en el pago por resultado a los trabajadores, implementadas sin tener en cuenta una concepción integral de la economía. La entrega de más de un millón de hectáreas de tierra no ha logrado el incremento de la producción agropecuaria.
Esto se debe a que el estrecho tutelaje estatal ha quedado intacto, bloqueando y desalentando las capacidades productivas, mientras Cuba continúa comprando en el exterior el 80,0% de los alimentos de la canasta básica. Similar ocurre en el ámbito salarial con el pago por resultado, al no eliminarse la excesiva burocratización en el sistema empresarial y sin garantizarse el fluido suministro de abastecimientos a los centros de trabajo, ni existir una organización laboral idónea.
La restructuración laboral, que se pensaba abarcaría 500 000 trabajadores en su primera etapa a finalizar en abril de 2011, no fue cumplida y se encuentra actualmente semi-paralizada, ante todo por la imposibilidad de crear nuevos puestos de trabajo, dado el insuficiente desarrollo del cuentapropismo.
La reorganización de la fuerza de trabajo en Cuba es indispensable. Pero sin crear nuevos empleos para ubicar al personal despedido, esta tarea es imposible de materializar. De esta manera los centros de trabajo continúan con las plantillas infladas y como consecuencia sigue bloqueado el incremento de la productividad, la eficiencia, la disciplina, y el incremento del salario para que motive al trabajador, en un país donde equivale a 18 dólares aproximadamente como promedio mensual, según los últimos datos oficiales. El proceso de racionalización, demorado por tantos años, se quiso hacer de forma muy rápida, sin la preparación adecuada para tener éxito, ni la organización para que en un plazo tan breve se pudiera reubicar una cantidad tan grande de trabajadores.
En ese escenario se planteó efectuar la racionalización por “comisiones de expertos”, compuestas por 5 ó 7 personas, elegidas en asambleas en los centros de trabajo, con el evidente propósito de responsabilizar a los trabajadores con el complicado proceso, cuando se trata de una tarea que compete totalmente a la administración.
Ni siquiera fue organizado un mercado mayorista para abastecer a los cuentrapropistas, por tanto no tienen dónde comprar los insumos en condiciones razonables para realizar las producciones y prestar los servicios. La opción que tienen es adquirirlos en las caras tiendas de venta en divisas o en el mercado negro que seguramente se ampliará ante la falta de previsión del Estado. Todo esto está unido a altas tasas de impuestos, en un país donde durante decenios fueron suprimidos todos los mecanismos tributarios, por lo que falta una cultura al respecto.
El colmo de la falta de preparación del proceso se aprecia en contradicciones entre las decisiones tomadas para ampliar el cuentapropismo y artículos de la Constitución, que no ha sido reformada. Indudablemente, el anuncio del 1 de agosto por el General Raúl Castro de que se permitiría contratación de fuerza de trabajo por las personas decididas a ejercer el trabajo independiente, fue positivo. Sin embargo, no se ha modificado el Artículo 21, que establece: “Se garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno”. Asimismo, cuando se despiden 500 000 personas, sin garantías de un trabajo honrado, se choca con el Artículo 45: “El trabajo en la sociedad socialista es un derecho…lo garantiza el sistema económico socialista, que propicia el desarrollo económico y social, sin crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo….”
Como señaláramos, los propósitos del gobierno cubano son realizar modificaciones que le permitan remontar la actual crisis, cada día más aguda, pero sin perder el control absoluto mantenido sobre la sociedad durante decenios. Objetivo imposible de lograr, debido a la acumulación de los problemas existentes, que no sólo son económicos y sociales, sino políticos, de pérdida de valores éticos, de degradación de la identidad nacional, demográfica, medio ambiental y otros.
Las autoridades pretenden evitar las “concentraciones de riquezas”, como señala el Punto 3 de los Lineamientos, para evitar que los ciudadanos, al alcanzar la libertad económica, deseen obtener la libertad política. Eso se aprecia en la implantación de un elevado sistema tributario al nuevo sector emergente, mucho más severo y limitante que el existente para las empresas estatales y las mixtas con capital extranjero. Ejemplo de ello está en el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo que pagarán los trabajadores por cuenta propia, del 25,0% del salario de los trabajadores contratados, considerándose como remuneración mínima pagada a cada trabajador contratado “el monto equivalente a un salario medio mensual, incrementado en un 50,0%”. Se considera como salario medio mensual el vigente en cada provincia y el Municipio Especial Isla de la Juventud, en el ejercicio fiscal anterior, reconocido por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
En caso de contratarse más de 10 y hasta 15 trabajadores, se contempla como remuneración mínima pagada a cada trabajador el monto equivalente a dos salarios medios mensuales; y de contratarse más de 15 trabajadores, el monto equivalente a tres veces un salario medio mensual. Con ello, y otros obstáculos, el Estado muestra su propósito de impedir el crecimiento del trabajo por cuenta propia y el surgimiento de pequeñas y medianas empresas (PYMES).
A esto se une que los gastos que podrán deducirse de los impuestos sobre los ingresos personales como máximo, y solo en el caso de los elaboradores y vendedores de productos alimenticios y transportadores de carga y pasajeros, podrán ser hasta un 40,0% de los ingresos obtenidos en el año. En otras actividades, los gastos permitidos a deducir tendrán un porcentaje inferior, llegando en algunos oficios hasta únicamente el 10,0% de los ingresos anuales.
Otro ejemplo de las intenciones de limitar la iniciativa individual es la forma como se cobrará el impuesto sobre los ingresos personales. De acuerdo a las “Normas”, se determinarán por la suma de todos los ingresos devengados menos los gastos deducibles permitidos. Para la determinación de la base imponible, se deducen además de los ingresos declarados, los tributos pagados y el porciento por concepto de los gastos necesarios de la actividad de acuerdo a la siguiente escala progresiva:
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Como puede observarse, a partir de 50 000 pesos (2500 US dólares), existe una alta carga tributaria que, unida a la existente para el pago por la utilización de fuerza de trabajo, hará prácticamente imposible la capitalización indispensable para el crecimiento de los nuevos negocios. A esto se une la obligatoriedad de la contribución a la seguridad social, con el pago del 25,0 % de una base de contribución seleccionada por la persona en cuestión, en una escala que va de 350 a 2000 pesos. La creación de una red de protección económica para los cuentapropistas es en principio positiva, pero resulta cuestionable el carácter compulsivo de la medida, mucho más cuando comienza a nacer el sector privado en un contexto sin la debida preparación y con grandes dificultades de todo tipo.
A los frenos tributarios descritos y la carencia de un mínimo mercado mayorista donde los cuentapropistas pudieran comprar legalmente los productos necesarios para realizar sus actividades, se suman barreras administrativas y burocráticas tendientes a limitar el tamaño de los negocios y evitar el supuesto enriquecimiento de las personas. Hay que subrayar que la ampliación del trabajo por cuenta a 178 oficios es insuficiente, más cuando estos en su mayoría tienen limitada significación económica y no contemplan labores realizadas por profesionales universitarios.
El demorado VI Congreso del Partido Comunista fue convocado el 8 de noviembre. Se realizó este anuncio en el acto conmemorativo del décimo aniversario del Convenio Integral de Colaboración Cuba-Venezuela, con la asistencia del mandatario Hugo Chávez, de manera que el marco posee el simbolismo de la creciente dependencia económica a Venezuela. El Congreso, que no se realizaba desde octubre de 1997, se llevó a cabo en abril de 2011, teniendo como fondo el empeoramiento de la economía y todos los aspectos de la sociedad cubana.
En la convocatoria, Raúl Castro anunció: “el Congreso se concentrará en la solución de los problemas de la economía y en las decisiones fundamentales de la actualización del modelo económico cubano y adoptará los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución”. Además, agregó que precederá a una Conferencia Nacional del Partido “para tratar otros asuntos de carácter interno de la organización que no se analicen en el Congreso y que también requieren ser perfeccionados a la luz de la experiencia de estos 50 años”.
El general Raúl Castro comunicó también la intención de poner el proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social a discusión pública entre el 1 de Diciembre y el 28 de Febrero, subrayando que el Congreso “será un evento de toda la militancia y de todo el pueblo”. Manifestó que todas las opiniones recogidas se analizarían y tomarían en cuenta para la elaboración del documento definitivo a adoptar.
La estrategia trazada resultaba evidente: tratar de actualizar un modelo absolutamente irreparable, falsamente calificado como socialista, pero en esencia, vacío de contenido social. De tal forma, a través de parches y correctivos parciales, se ha querido mantener un rumbo que conduce al desastre, con el objetivo de mantener el poder. Ahora con la añadidura de despidos masivos y significativos recortes en los gastos sociales, sin dar libertad a las personas para ganarse la vida honestamente.
Desafortunadamente, como siempre, se enfatizó en la incidencia negativa externa, mencionándose los efectos de la crisis económica y el embargo de los Estados Unidos de América, sin mencionar que ese país es hoy el quinto socio comercial en bienes, el primer suministrador de alimentos, el líder indiscutible del envío de remesas –uno de los principales ingresos de divisas de Cuba-, y recientemente una determinante fuente de visitantes luego de la autorización de viajar a los cubano-americanos.
Se reiteró el argumento de los fenómenos climatológicos, las afectaciones de los ciclones y períodos de sequía que causaron pérdidas fundamentalmente en la agricultura; obviándose que los daños ocasionados por estos fenómenos son mayores porque la infraestructura está en precarias condiciones, y muy especialmente debido al calamitoso estado del fondo habitacional por la falta de reposición y mantenimiento, en un país donde para la población es una tragedia conseguir materiales de construcción. Respecto a la sequía, se soslaya que el 58,0% del agua bombeada para el uso doméstico y fabril se pierde antes de llegar al consumidor por el pésimo estado de las tuberías y conductoras por donde circula. A los problemas de orden interno se le dedicaron apenas dos renglones para justificarlos, aduciendo la “baja eficiencia, descapitalización de la base productiva y la infraestructura, envejecimiento y estancamiento en el crecimiento poblacional”.
Ciertamente, han existido problemas externos, como la mencionada crisis mundial, que afecta más a Cuba por la desvencijada situación de la economía y la anarquía imperante. Sin embargo, el verdadero problema de la economía cubana radica en la aplicación de un modelo económico, político y social, que no ha funcionado en ningún país y mucho menos en Cuba.
Con este enmascaramiento, de nuevo se quiere marginar realidades trascendentales demostrativas hasta la saciedad de que las verdaderas raíces de las desgracias actuales no son fundamentalmente de carácter externo, sino internas. Hay que señalar cuestiones concretas, como la Ofensiva Revolucionaria de 1968, cuando se destruyó el tejido económico de la nación. Sus daños se quieren reparar, con un coartado proceso de ampliación del cuentapropismo, lleno de prohibiciones y limitaciones.
La verdadera esencia de los problemas cubanos, puede hallarse en la destrucción de la agricultura que ha provocado una extraordinaria dependencia de alimentos importados, incluido azúcar, café y otros que antes la Isla exportaba, mientras las tierras ociosas o parcialmente utilizadas han llegado a constituir más de la mitad de la superficie cultivable. ¿Acaso podría culparse a factores externos por la metódica destrucción de la Industria Azucarera, la cual constituía desde el siglo XIX la espina dorsal de la economía cubana, devastada de forma absurda y voluntarista?
Cabría mencionar también el hecho triste de que hoy no hayan bienes para exportar, y la relación entre exportaciones e importaciones sea de 1 a más de 3 dólares, lo cual genera colosales déficits comerciales y enormes tensiones en la Balanza de Pagos, situación que explica que el país carezca hasta de recursos financieros para reintegrar los fondos extranjeros en bancos nacionales y esté obligado a reducir drásticamente las importaciones hasta de productos esenciales, con dramáticas consecuencias para el funcionamiento de la economía y en particular para el ya muy deteriorado nivel de vida de la población. En esta coyuntura, casi sin opciones para obtener nuevos financiamientos por su falta de credibilidad, el gobierno cubano tendrá que continuar la exportación masiva de profesionales, en especial de la salud, a Venezuela. Cordón umbilical que pende de la permanencia en el poder del presidente Hugo Chávez.
Los serios problemas de Cuba no tienen sus raíces en el extranjero. “La baja eficiencia, la descapitalización de la base productiva y de infraestructura, envejecimiento y estancamiento en el crecimiento poblacional”, entre otros muchos males, son las consecuencias de un modelo imposible de actualizar.
Al analizar el proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social para el VI Congreso del PCC en cada una de las esferas de la economía, se aprecia la repetición de viejas e inoperantes fórmulas. Se parte de un concepto absolutamente falso: la existencia de un socialismo que jamás ha estado presente en Cuba.
La propiedad social en nuestro país es un mito. En realidad ha existido un capitalismo de Estado altamente ineficiente, regido por un grupo de poder que basado en demagógicas consignas ha engañado al pueblo, hablándole de fraternidad y solidaridad y prometiendo un futuro luminoso nunca palpable. Un sistema totalitario, que convirtió a la población en sierva del Estado. Un Estado “de los burócratas, por los burócratas y para los burócratas”.
Hoy resulta una burla mencionar en Cuba el conocido principio socialista “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. El verdadero mecanismo de distribución es la miseria compartida, la promoción del clientelismo y la abyección, en un contexto donde los trabajadores no tienen derecho a verdaderos sindicatos que los defiendan. Se les ha impuesto falsas organizaciones obreras, correas de transmisión destinadas a aplicar en los centros de trabajo los designios del estado-partido. En estos momentos encargadas a responsabilizarse con el despido masivo de más de un millón de empleados.
El proyecto de Lineamientos definió que primará la planificación y no el mercado, o sea, continuará la burocratización de la sociedad, bajo rígidas normas centralizadoras, que imposibilitan la flexibilidad requerida por la actividad económica y la vida en general de la nación. Todas las economías necesitan objetivos a lograr en un tiempo determinado; metas para encaminar los recursos y esfuerzos a fin de resolver problemas que traban el desarrollo, pero nunca camisas de fuerza antinaturales que frenen el avance y corten la libertad económica de los ciudadanos, en un mundo tan cambiante como el actual que requiere rápidas respuestas ante los vertiginosos movimientos coyunturales provenientes de un mercado cada vez más interdependiente.
Así también quedó reiterada la política de relegar el mercado, un concepto económico objetivo a tener en cuenta hoy más que nunca para poder avanzar en un ambiente internacional cada día más globalizado. Por supuesto, la concepción burocrática centralizadora responde a los intereses del grupo de poder que quiere mantener su férreo control sobre la sociedad, y teme que la libertad de decisión económica pueda convertirse en un deseo de libertad política.
Por ello, se ratificó en el Punto 2 del proyecto que “la empresa estatal socialista…es la forma principal de la economía nacional”, y agregaron en el Punto 3, que “en las nuevas formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales”. Como se puede apreciar, en el texto no reconocen la propiedad privada y se subraya la política de no permitir el crecimiento de la actividad individual.
En la experiencia cubana se ha demostrado que la actividad privada tiene un carácter más social que la estatal. Esta última se ha caracterizado por la ineficiencia, la improductividad, el descontrol y la corrupción; un saco sin fondo de recursos, que funciona sobre la base de los subsidios presupuestarios en un alto porcentaje, lo cual reduce la capacidad de financiamiento de actividades básicas como la educación, la salud, el deporte y la seguridad social. Por tanto, el pronunciado y permanente declive apreciable actualmente en esas determinantes áreas continuará, si no hay una participación más activa de la actividad privada, regulada con un sentido de beneficio compartido entre el individuo y la sociedad.
La permanencia de los servicios de salud pública, educación, deportes y seguridad social con oportunidades de acceso para todos los cubanos está en peligro debido a la falta de sustentación económica, lo cual se intensificará si persiste el monopolio abrumador de la ineficiente gestión estatal. La experiencia mundial demuestra que la iniciativa privada en un marco regulado a la vez de beneficiar a las personas emprendedoras y dispuestas a correr riesgos, puede ser una fuente de riqueza nacional que, a través de mecanismos de redistribución racionales sirva a todos los ciudadanos.
El proceso de análisis del Proyecto de Lineamientos terminó a finales de febrero de 2011 con una reunión ampliada del Consejo de Ministros que evaluó, entre otros temas, el debate de los Lineamientos y el proceso de reordenamiento laboral que originalmente comprendía el despido de 500 000 personas hasta abril.
Allí, el General Raúl Castro afirmó: “que la actualización del modelo no es tarea de un día ni siquiera de un año, y que por su complejidad demandará no menos de un quinquenio desplegar su implementación”; mientras, refiriéndose a las plantillas infladas en el sector estatal manifestó que “esta tarea no puede enmarcarse en plazos inflexibles y que su ritmo de avance dependerá de nuestra capacidad para crear las condiciones organizativas y legales que garanticen su exitoso despliegue…”. Según reprodujo el periódico Granma: “teniendo en cuenta el retraso en el inicio de este proceso, orientó ajustar el cronograma de su ejecución”.
Así, el programa de despedir medio millón de trabajadores hasta abril quedó incumplido. Esto no tomó por sorpresa a muchos especialistas que habían vaticinado que al estar mal diseñado y sin las condiciones requeridas para la reubicación laboral de las personas despedidas, su cumplimiento sería prácticamente imposible.
Cifras oficiales indican que desde finales de octubre al 31 de enero del 2010 se habían otorgado 113 618 autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia, de las cuales el 68,3% corresponden a personas sin vínculo laboral. Puede deducirse de estos datos las escasas posibilidades existentes para la reubicación de los desempleados; sin considerar que aunque no se brindan cifras, existe una elevada cantidad de cuentapropistas que han devuelto las licencias ante las dificultades encontradas, principalmente por los altos impuestos, los problemas para la obtención de los recursos y las múltiples trabas burocráticas.
Ahora es mucho más evidente que el proceso de reordenamiento laboral depende en grado sumo del avance del trabajo privado, lastrado por dogmas y dificultades de todo tipo. Ello dificulta en extremo el necesario reordenamiento laboral y la reubicación de 1,3 millón de trabajadores en tres años. Para cumplir esa tarea será indispensable un cambio de mentalidad, que permita el progreso de la iniciativa privada y el reconocimiento del mercado como una categoría económica objetiva.
Este problema no se resolverá con el alargamiento de los cronogramas de despido, sino con cambios reales: una política fiscal atemperada, un mercado mayorista para la iniciativa privada, y menos prohibiciones y burocracia. Las dificultades en el trabajo por cuenta propia y el reordenamiento de la fuerza de trabajo tienen su origen en parecidos problemas a los que han lastrado la aplicación del Decreto-Ley 259 para la entrega de tierras en usufructo, de julio de 2008.
A pesar de haberse cumplido el tercer aniversario del Decreto- Ley 259, la agricultura continúa sin brindar los resultados que con urgencia demanda la economía. En 2010 la producción agropecuaria cayó 4,2%, en términos de volumen físico, de acuerdo a cifras oficiales, sin considerar el desastre de la cosecha de la caña de azúcar. Ello conlleva que seguirán importándose colosales cantidades de alimentos perfectamente producibles en Cuba, incrementándose la erogación de importantes cantidades de divisas por ese concepto, situación que este año se complica adicionalmente con los sustanciales incrementos de las cotizaciones de los alimentos en el mercado internacional.
Quizás por ello, el Presidente Raúl Castro, en su discurso ante la sesión de la Asamblea Nacional, celebrada en diciembre, indicó que el gobierno está “en condiciones de valorar la asignación de áreas adicionales, por encima de los límites que regula el Decreto-Ley 259 de Julio de 2008…” Esta medida pudiera ser positiva, pero debería acompañarse de otros cambios, como sería, entre otros, la ampliación del plazo de usufructo de la tierra a más de 10 años, con igual derecho a prórroga, como ahora está establecido para las personas naturales. Resulta incomprensible e inaceptable que mientras a los cubanos se les otorgan plazos tan reducidos, se le amplia a los extranjeros el derecho de superficie a 99 años.
Al mismo tiempo debe permitirse que los usufructuarios puedan fabricar sus viviendas e instalaciones necesarias para preservar sus bienes y cosechas, cuestión que por mecanismos legales y burocráticos hoy presenta dificultades, con la consecuencia del entorpecimiento de la labor de los campesinos. Además sería beneficioso el estudio de otras opciones a la entrega de la tierra en usufructo. Estas podrían ser el arrendamiento y la venta de determinadas áreas con el pago en productos, consiguiéndose así una superior motivación productiva y mejor cuidado de los suelos, maltratados por decenios de mala explotación.
En cualquier variante es indispensable liberar a los campesinos de las múltiples trabas y prohibiciones que ahora tienen para vender sus productos y obtener a precios razonables los recursos productivos requeridos para una eficiente explotación de sus tierras.
El presidente Raúl Castro en más de una ocasión ha señalado que para Cuba la producción de alimentos representa una cuestión estratégica. En la actualidad esto es más cierto, cuando los precios de los alimentos alcanzan niveles récord y todo indica que debido a varios factores, aun cuando puedan aparecer algunos ajustes en el mercado, la coyuntura en la comercialización de estos productos no cambiará sustancialmente en el futuro. Las propias reformas anunciadas por el gobierno, como han señalado especialistas, serán difíciles de implantar si la agricultura no logra remontar sus insuficientes niveles productivos. De ahí la trascendental importancia de la modificación del Decreto- Ley 259 con una visión integral, dejando de lado dogmas y concepciones desfasadas.
Celebración del VI Congreso del PCC
El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, efectuado en abril, aprobó los Lineamientos de la Política Económica y Social que regirán los destinos del país en los próximos 5 años y se pretende sirvan de instrumento fundamental para sacarlo de la crisis general en que se encuentra.
Los Lineamientos se ampliaron de 291 Puntos en el Proyecto a 313 en el documento aprobado. No obstante, mantuvo las concepciones originales, incluidos desfasados conceptos, como la prioridad de la planificación socialista como vía para la dirección de la economía nacional, pero se “tendrá en cuenta el mercado influyendo sobre el mismo y considerando sus características”. A su vez, persiste el criterio de mantener la empresa estatal como forma principal de la economía nacional, aunque se reconoce la inversión extranjera y otras formas de propiedad: cooperativas, agricultores pequeños, usufructuarios, arrendatarios, trabajadores por cuenta propia y otras no especificadas. Asimismo, se sostiene la negativa a la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales, haciendo más estricta la formulación del Punto 3, pues este criterio no solo se extiende a nuevas formas de gestión no estatales, como se prescribía en el proyecto, sino también a las existentes con anterioridad.
Los Lineamientos insisten en la actualización de un sistema probadamente disfuncional, que requiere ser sustituido radicalmente. Además, están ausentes temas, fundamentalmente políticos, que interactúan decisivamente con la economía y toda la sociedad, tales como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, el acceso a Internet, un sistema jurídico que dé garantías a lo que llaman “el sector no estatal de la economía” y las inversiones extranjeras, una política más flexible para que los cubanos puedan contratarse en el exterior y regresar al país (por ejemplo, los deportistas), las relaciones Cuba-Estados Unidos, el mejoramiento de los vínculos con la comunidad cubana en el exterior, la necesidad de regresar a organismos internacionales -en especial al FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros, donde podría obtenerse asesoría y apoyo financiero para reanimar la asfixiada economía cubana-. De esta forma, el documento queda con una visión parcializada, lo cual no permite que pueda brindar una opción consistente y sólida para salir de la crisis y avanzar hacia el progreso.
A pesar de las citadas limitaciones, el documento, contiene concepciones más pragmáticas, incubadas hace tiempo en las fuerzas armadas para realizar reformas dentro del sistema; sin el propósito de cambiarlo, sino de hacer modificaciones para preservarlo. Intenciones siempre rechazadas por elementos ultraconservadores del partido y el gobierno, ahora sustituidos abrumadoramente en el Buró Político y el Comité Central por militares en activo y personas identificadas con estas intenciones.
Esta concepción fue ampliada en los Lineamientos, con nuevos aportes introducidos debido a la grave situación actual, “al borde del precipicio”, según señalara Raúl Casto en diciembre de 2010. Los métodos seguidos por las empresas militares han conferido un nivel de autonomía y decisión superiores a los directores, un grado relativamente mayor de flexibilización administrativa, y cierta participación de los trabajadores, lo cual estimula el aumento de la productividad. No obstante, esta experiencia se implantó en un marco estrecho, con niveles organizativos, disciplina, estímulos y selección de personal inexistentes en el resto de la sociedad y, lo más importante, con aseguramientos materiales en condiciones absolutamente diferentes a las prevalecientes en las actividades civiles, donde predominan la precariedad, la carencia de estímulos laborales y la falta de abastecimientos. Debido a ello, cuando se han tratado de aplicar los mecanismos del Perfeccionamiento Empresarial en la mayoría de las entidades estatales, los resultados no han sido los mejores, ya que no existen las condiciones mínimas, incluida la ausencia de contabilidad confiable.
En consecuencia, habrá que modificar radicalmente los métodos seguidos en las fuerzas armadas para que puedan adaptarse al conjunto de la economía nacional. Esto será impracticable, si la participación de la iniciativa privada no se permite a una amplia escala, con las garantías suficientes. Igualmente habrá que dar al mercado un papel mayor como categoría económica objetiva. Ello no implica eliminar la participación del Estado como regulador de la economía, con participación en determinados sectores, ni que la planificación no pueda jugar un papel orientativo que guíe las decisiones de los sujetos económicos públicos y privados.
A pesar de sus incertidumbres y limitaciones, los Lineamientos constituyen un paso de avance con respecto a lo existente, pues reflejan una actitud más racional en importantes cuestiones económicas. Incluso reconocen el insuficiente avance de algunas medidas tomadas recientemente, que distan de haber alcanzado sus propósitos. Así queda claro que el Decreto-Ley 259 para la entrega de tierra en usufructo no ha cumplido el objetivo de elevar la producción agrícola, por lo que se modificará según se plantea en el Punto 189. Igualmente, en el Punto 183 se enunció “atender la posibilidad de que el productor concurra al mercado con sus propios medios”.
Días después del Congreso, Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en entrevista concedida al periódico Juventud Rebelde se mostró favorable al usufructo permanente; propiciar que los usufructuarios puedan establecerse en sus tierras y construir sus casas y otras instalaciones para proteger sus bienes; y en el caso de fallecimiento, sus hijos tengan derecho a heredar. Además apoyó que los usufructuarios puedan vender sus productos directamente e indicó que “si en Cuba existe una producción privada y diversificada, no puedes tener una comercialización monopolizada”. Palabras no fortuitas, correspondientes al reconocimiento por las autoridades del fracaso de las limitadas medidas adoptadas, las cuales deben ampliarse para enfrentar la carencia de alimentos; problema agudizado por el sustancial aumento de sus precios en el mercado internacional.
Con el trabajo por cuenta propia acontece una situación similar, pues no marcha acorde con el programa de reorganización de la fuerza de trabajo en el sector estatal. Por ello han tenido que ralentizar el proceso de despido de 500 000 trabajadores desde octubre de 2010 hasta abril de 2011, incumplido por no existir puestos de trabajo para reubicarlos. En este contexto, el Consejo de Ministros el 14 de mayo acordó extender la autorización de contratar trabajadores a todas las actividades del sector no estatal y “continuar el proceso de flexibilización del trabajo por cuenta propia”. De las 188 actividades permitidas al cuentapropismo hasta ese momento, solo 83 podían contratar fuerza de trabajo.
La medida es correcta pero insuficiente, ya que no elimina el principal escollo para la contratación de fuerza de trabajo: la enorme cantidad de impuestos, creciente según se contrate más personal; evidentemente con la intención de impedir la prosperidad de los negocios. Por ello deberían reducirse esos y otros impuestos, llevándolos a niveles racionales y estudiar la posibilidad de establecer una moratoria a la contribución obligatoria a la seguridad social –o al menos igualarla a la aplicada a los trabajadores estatales- y al pago de impuestos para actividades que podrían ser importantes fuentes de empleo. Al mismo tiempo resulta indispensable aumentar los oficios permitidos y autorizar a los graduados universitarios ejercer sus profesiones privadamente.
En los Lineamientos también se anticipa la intención de eliminar el racionamiento vigente desde marzo de 1962 y la dualidad monetaria. No obstante, no se dan plazos ni se esboza cómo podrá alcanzarse el último objetivo. También se mencionó la próxima publicación de las leyes permitiendo la compra-venta de casas y automóviles. Singular importancia tiene el Punto 265 que plantea “estudiar una política que facilite a los cubanos residentes en el país viajar al exterior como turistas”. Independientemente de las ventajas que tendrá para Cuba que se permita viajar libremente y se cumpla el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, este tema es bastante complicado de concretar en las actuales circunstancias de precariedad y falta de esperanza en el futuro nacional, pues podría propiciar un éxodo masivo de personas en búsqueda de una mejor vida en el exterior.
En 4 de los últimos 5 años, la población ha descendido en términos absolutos, con un aumento relativo de los mayores de 60 años a 17,8% del total de la población en el 2010. Se estima que podría alcanzar el 22,0% en el 2020 y el 30,8% en el 2030, si se mantiene la actual baja tasa global de fecundidad anual (1,6%) y el continuado éxodo de ciudadanos que tuvo un saldo negativo de 332 356 personas -en particular jóvenes- en el período 2000-2009, casi 3 veces el número de nacimientos anuales en los últimos años. Demográficamente esta situación es insostenible ya para una nación con una productividad tan pobre, inmersa en un indetenible proceso de descapitalización y con un colosal atraso tecnológico, sin posibilidad alguna para enfrentar los gastos corrientes e inversiones que crecientemente demandará esta desproporción etaria.
Según los Lineamientos aprobados, continuará una drástica política de ajustes en los gastos sociales. Pero paralelamente será necesario adoptar medidas compensatorias que permitan a los sectores sociales más desfavorecidos enfrentar los recortes, ya sea mediante la elevación de las pensiones y salarios, o a través de mayor libertad a los ciudadanos para ganarse la vida con su trabajo honestamente. Este resulta un tema delicado que, si no se conduce de forma equilibrada, pudiera ocasionar inestabilidad social, en un país ya con niveles de vida muy bajos en amplios sectores populares.
En los Puntos aprobados del 145 al 153, referidos a la educación, se abandonan definitivamente las políticas nocivas y aventureras de escuelas en el campo, maestros emergentes e integrales, el menosprecio a la formación de técnicos medios y obreros calificados, y el exceso de prioridad a enseñanzas humanistas impartidas con alto grado de ideologización, práctica aun no desterrada. Lamentablemente los daños causados al sistema de la enseñanza y también al de la salud, en los cuales se habían logrado avances, han sido de consideración y llevará mucho tiempo repararlos, máxime con la falta de sustentabilidad económica existente que imposibilita asignar los cuantiosos recursos demandados para la recuperación y el normal funcionamiento de estos importantes servicios.
Al centrarse el Congreso solo en temas económicos y en menor medida sociales, como apuntamos anteriormente, quedaron marginadas cuestiones esenciales para toda la sociedad, incluida la economía. Entre ellas está la negativa a dar libre acceso a Internet, con lo cual se priva a nuestro pueblo de una herramienta básica para su desarrollo cultural, en particular a los especialistas y los estudiantes de una fuente de conocimientos en materia científico-técnica. De esa manera se condena el país a la ignorancia y el atraso tecnológico. En el colmo de evitar un debate sobre este crucial asunto, en los Lineamientos no aparece ningún epígrafe donde se analice la situación de las telecomunicaciones y sobre el futuro de ese determinante sector.
Otra cuestión esencial omitida es la perspectiva de normalizar las relaciones con Estados Unidos. Además de sus connotaciones políticas, son vitales para el desarrollo económico de Cuba en un sinnúmero de esferas, desde el turismo hasta la explotación conjunta del petróleo probable en las aguas cubanas del Golfo de México; pasando por su potencialidad inversionista y fuente de tecnología de primer nivel. Tampoco se examinó la enorme importancia para el futuro nacional de los vínculos con la comunidad cubana en el exterior, en especial con la asentada en territorio estadounidense, que ya alcanza a 1,8 millones de personas, según el censo del 2010. Con su experiencia, recursos y prestigio podría convertirse en un privilegiado puente para la edificación de provechosos vínculos con esa nación.
Las autoridades cubanas están desperdiciando los gestos del presidente Obama en beneficio del pueblo cubano. El reciente giro represivo con condenas de varios años de cárcel a opositores pacíficos y la persecución a renombrados artistas por pretender expresarse libremente, como es el caso del pintor Pedro Pablo Oliva, tampoco ayuda a la inserción de Cuba en el mundo y al mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea. Destaca la incomprensible actitud de mantener en prisión al contratista norteamericano Alan Gross, por sus nocivos efectos.
Estas cuestiones, en esencia no económicas, sí tienen un peso extraordinario en la inserción internacional de Cuba, ausente de los organismos mundiales de financiamiento como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones que podrían ser muy útiles para el acceso a recursos financieros y experiencias para el desarrollo. Será muy difícil encontrar los recursos desesperadamente requeridos por la descapitalización de muchos años y el gran atraso tecnológico, si persiste la falta de libertad y democracia, y la violación de los derechos humanos. La complejidad del mundo globalizado hace cada día más necesaria la cultura del debate de las ideas de forma civilizada y el libre flujo de la información para poder elegir las mejores variantes de desarrollo. Sin estas condiciones el progreso armónico de la sociedad es prácticamente imposible.
Los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba aunque reflejan cierta racionalidad, no aportan las soluciones urgentes que requiere el delicado estado de la nación, al reafirmar los absurdos perjuicios contra la propiedad privada y el mercado como categoría económica objetiva. Adicionalmente, persiste la intención de actualizar un fracasado modelo económico, político y social que debe ser sustituido. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, inconsecuencias y contradicciones, por no existir otras posibles variantes, resulta una pequeña abertura en el muro del totalitarismo que en los próximos meses podría ampliarse para posibilitar los cambios necesarios. Un factor positivo para que esta meta sea viable es el creciente consenso presente en la sociedad a favor de las transformaciones requeridas por el país.
Para lograrlo son indispensables la firmeza, la voluntad y el espíritu de sacrificio de todos los cubanos, sin exclusiones, presionando de forma pacífica para salir de la crisis y conquistar un destino con bienestar para todos los cubanos en un contexto de reconciliación nacional.
La Habana, 27 de julio de 2011
Oscar Espinosa Chepe (Cienfuegos, 1940)
Economista y Periodista Independiente. Miembro de la
Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE)
Fue Consejero en la Oficina del Primer Ministro.
Jefe de departamentos en la Junta Central de Planificación, en el INRA y en el CECE. Especialista en comercio exterior del Banco Nacional de Cuba y diplomático en Belgrado.
Es uno de los 75 de la Primavera de 2003.
Reside en La Habana.