Economía

La propiedad agraria en Cuba, antes y ahora

Por Dimas Castellanos
1- De la diversificación al latifundio
Después que España ocupó a Cuba y toda la tierra se declaró realenga[1], comenzó su distribución entre los primeros colonizadores, los que fueron confirmados como dueños en 1520. Después, con la entrega en 1536 por el cabildo de Sancti Spíritus de un área de tres leguas de radio a Fernando Gómez, vecino de Manicaragua, comenzó la formación de los latifundios ganaderos, que fueron legalizados en 1574 por las Ordenanzas de Cáceres. Ese proceso –dice Ramiro Guerra– no fue negativo porque había tierra abundante no solo para el ganado sino para estancias agrícolas, las que se establecían, incluso en terrenos ya entregados para el ganado. Por esa razón el latifundio original no obstaculizó la pequeña propiedad ni la formación de una clase de pequeños agricultores descendientes de los primeros pobladores, que fue cimiento de la nacionalidad cubana.
Factores como las enajenaciones de sus propietarios y el traspaso por herencia a sus descendientes; el surgimiento de la industria azucarera entre 1590 y 1600; la producción tabacalera para el comercio; la Toma de La Habana por los ingleses (1762) y la destrucción de las riquezas azucarera y cafetalera de Haití (1790); la aparición del gran mercado del azúcar y el comercio de esclavos; así como la necesidad de artículos de consumo para las dotaciones de esclavos, determinaron el crecimiento de la industria azucarera y aceleraron la disolución del latifundio ganadero y su conversión en haciendas comuneras, multiplicando la pequeña y mediana propiedad. En 1827 el agro cubano estaba constituido por 25 774 propiedades: 1 000 ingenios, 2 067 cafetales, 76 algodonales, 60 cacaotales, 3 090 potreros, 5 534 vegas de tabaco y 13 947 estancias.
A lo anterior se sumó la multiplicación de los ingenios. En 1860 su cifra era de 2 000, lo que aumentó aún más el número de propietarios. A partir de esa fecha el incremento de la capacidad productora impidió a los pequeños ingenios competir, por lo que se produjo una separación entre el agro y la industria, de la que surgió el colono, que sembraba caña y al no tener trapiche la entregaba al ingenio vecino por una parte del dulce. Sin embargo, ni el central ni el colonato condujeron al latifundismo ya que la falta de caña para el central era suplida por el colono y por tanto no se requería de nuevas tierras. La demanda de caña hasta fines del siglo XIX se suplía con la producción de las 60 711 fincas existentes que tenían el 30% del área de Cuba. Fue a partir de esa fecha que la lucha por la materia prima originó la principal responsable del latifundio[2]: la competencia entre ingenios.
2- El latifundio en la primera mitad del siglo XX
Las órdenes militares 34 y 62, dictadas en febrero y marzo de 1902[3], autorizaron a los inversionistas la compra y expropiación de tierras para el ferrocarril e instalar nuevos centrales azucareros[4]. Esas medidas, junto a la atención a las obras públicas y la reducción del 20% de los aranceles al azúcar, entre otras, facilitaron el desarrollo de la gran industria azucarera y la penetración de capital extranjero, que centralizó en unos 180 ingenios la quinta parte del territorio nacional; un proceso que facilitó la transformación del central en el modernísimo y gigantesco latifundio. De esa forma el proceso de diversificación de la propiedad iniciado en el siglo XVI fue sustituido por otro diametralmente opuesto. Con razón Ramiro Guerra lo calificó como proceso de revisión histórica secular de creación de la sociedad y del Estado cubanos[5].
El crecimiento de ese mal se reflejó en el censo de 1931, que reportó 87 396 fincas con 853 370 caballerías. De ellas, 62 051 fincas, el 71% del total, agrupaban solo el 11% de la tierra; mientras que 1070 fincas concentraban el 58% del territorio. Solamente la Cuban Cane y la United Fruit Company poseían en conjunto más de 31 mil caballerías.
El daño causado al campesinado obligó a los gobiernos de turno a interceder. En enero de 1904 se dispuso la entrega de tierras baldías del Estado a veteranos de la Guerra de Independencia. En junio de 1906 se concedió un crédito de un millón de pesos para colonizar y distribuir tierras del Estado. En junio de 1911 se dispuso el reparto de una caballería por familia campesina (algo similar a la actual entrega de tierras en usufructo con la diferencia que en 1911 se entregaba en propiedad). La Constitución de 1940 proscribió el latifundio, limitó a las compañías extranjeras para adquirir tierras y adoptó medidas para revertir la tierra al cubano, pero nunca se dictaron las leyes complementarias, en su lugar se prohibió el desalojo durante dos años. El gobierno de Fulgencio Batista (1940-1944) distribuyó más de mil caballerías de tierra a familias campesinas en la Sierra Maestra, pero como no se les concedió créditos para desmontar la tierra y hacerla producir, muchas familias abandonaron el lugar (también similar al actual Decreto-Ley 259). El gobierno de Ramón Grau San Martín (1944-1948) destinó 3 millones de pesos para comprar y repartir las tierras de Ventas de Casanova y crear allí un centro agrario modelo. Esos y otros intentos resultaron insuficientes.
El Censo de 1946 registró 159 985 fincas, de las cuales 142 385, que representaban el 89%, ocupaban solo el 24% del área total; mientras 18 573 grandes propietarios y empresas extranjeras poseían el otro 76% de la tierra[6].
Entre las múltiples formas empleadas para concentrar la propiedad, el desalojo fue la más injusta. En 1895, al término de la Guerra de Independencia 40 000 campesinos fueron desalojados por compañías norteamericanas. Durante la expansión azucarera entre 1918 y 1924 se desalojaron otros miles, lo que explica el auge de las luchas campesinas, especialmente a partir de 1930, cuando el movimiento contra el desalojo, por mejores mercados, precios, créditos oficiales con bajos intereses y rebajas en el pago de las rentas, alcanzó una gran fuerza en todo el país. En 1932 se constituyeron ligas de campesinos y colonos y en octubre de 1937, auspiciado por el Partido Comunista, se celebró el Primer Congreso Nacional Campesino y seguidamente se crearon comités, federaciones y uniones campesinas en las seis provincias. En agosto de 1941 se fundó la Asociación Nacional Campesina de Cuba (ANC) y posteriormente, auspiciada por el Partido Auténtico, se creó la Confederación Campesina de Cuba (CCC), que luchó contra el desalojo y en defensa de los pequeños campesinos.
3- La revolución contra el latifundio
En el alegato La historia me absolverá, en 1953, el Doctor Fidel Castro planteó conceder la propiedad de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de cinco o menos caballerías. Ese proyecto tomó forma de Ley en la Sierra Maestra en octubre de 1958, cuando se dispuso la entrega en propiedad a los que ocupaban lotes de menos de cinco caballerías. Luego, con la Primera Ley de Reforma Agraria de mayo de 1959, a la vez que se benefició a unos 100 mil campesinos, el Estado se adjudicó el 40,2% de la tierra cultivable del país. Con la Segunda Ley de Reforma Agraria, de octubre de 1963, las tierras correspondientes a las mil fincas intervenidas pasaron al Estado, con lo que las tierras estatales se elevaron hasta el 70%. De esa forma el proceso anunciado en La historia me Absolverá terminó concentrando en grandes propiedades estatales un volumen de tierras superior a la que concentraban los latifundios eliminados. Fue un tránsito de los latifundios coloniales a los republicanos y de ahí a los estatales, pero siempre latifundios, impidiendo hasta hoy la diversificación de la propiedad, la identificación, el arraigo, la cultura de pertenencia y entorpeciendo con ello la conformación de la nación.
El monopolio del Estado sobre la tierra fue precedido por la eliminación de la diversidad de asociaciones existentes. El 21 de septiembre de 1958, unos días antes de la promulgación de la Ley 3 de la Sierra Maestra, se celebró en Soledad de Mayarí Arriba el Congreso Campesino en Armas, donde se constituyó el Comité Regional Campesino, controlado por el Ejército Rebelde y el Partido Comunista. El 24 de febrero de 1959, en un congreso clausurado por Fidel Castro, quedó constituida la Asociación Provincial Campesina “Frank País” en la antigua provincia de Oriente y seguidamente se crearon asociaciones similares en el resto de las provincias. En diciembre de 1960, en una asamblea azucarera para tratar sobre la zafra del pueblo, el líder de la revolución adelantó la idea de que los campesinos, en vez de estar agrupados por sectores de producción como lo establecía la Ley de Colegiación Obligatoria, debían ser pequeños agricultores agrupados en una sola asociación[7]. Ese proceso, dirigido por el Estado, culminó con la fundación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en 1961. Así las asociaciones como la de colonos, creada en 1934, la de cosecheros de tabaco, caficultores, ganaderos, paperos etc., desaparecieron de un solo golpe.
Con el claro propósito de convertir toda la tierra en propiedad estatal, una vez en manos del Estado el 70% de las tierras del país, se procedió a reducir aún más la pequeña propiedad. En 1974, en el XV Aniversario de la Ley de Reforma Agraria, Fidel dijo “es necesario decirles a los campesinos que al cabo de 15 años de promulgada la Ley de Reforma Agraria es necesario que nuestro campesinado vaya pensando en formas superiores de producción, puesto que el curso de desarrollo del país no se puede detener, puesto que las necesidades crecientes de la población hacen necesaria una incesante tecnificación de nuestra agricultura, y un aprovechamiento óptimo y total de la tierra”[8].
En ausencia de asociaciones verdaderamente representativas de los agricultores, la ANAP fue utilizada como fundamento del cooperativismo-estatal, para el cual el arraigo del campesinado a la propiedad constituyó un obstáculo, al punto que en los primeros años el Estado, mediante la ANAP, tuvo que intervenir para “convencer” a los campesinos de unir sus fincas y trabajar colectivamente.
Primero se crearon las Cooperativas Embrionarias, luego las Brigadas de Ayuda Mutua y a continuación las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), integradas por campesinos que mantienen la propiedad de la tierra y de los medios de producción, pero carentes de personalidad jurídica. Luego con las tesis del I Congreso del PCC (1975) acerca de la necesidad de la cooperativización de la tierra y de los acuerdos del V Congreso de la ANAP (1977), se impulsó el desarrollo de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), formadas por campesinos que unieron sus fincas y demás medios de producción “voluntariamente” como vía para el desarrollo socialista del campo. A fines de 1977 el número de CPA era de 136 y en junio de 1986 ya era de 1 369, que representaban el 64% de las tierras campesinas, mientras la propiedad estatal se elevó hasta el 75% de la tierra cultivable.
4- El declive de la producción agrícola
Con ese alto por ciento de propiedad estatal, la agricultura tomó el camino de la ineficiencia, mientras los pequeños agricultores con el otro 25%, garantizan el peso fundamental en el cultivo de café y el tabaco, producen la mitad de las viandas, hortalizas y frutas, poseen el 26% de la masa ganadera y aportan el 18% de la caña.[9]
La producción azucarera es el más claro ejemplo de la ineficiencia. Desde el siglo XVII el azúcar ocupó en Cuba el primer lugar en el valor total de las transacciones del comercio internacional y entre 1763 y 1792 el país emergió como el mayor complejo azucarero del mundo. Dos siglos después, con el proceso de estatización descrito, se produjo un decrecimiento desde algo más de 8 millones de toneladas en 1990 a 3,5 millones en el 2001. Ante el fracaso el gobierno anunció la Reestructuración de la industria azucarera y la Tarea Álvaro Reynoso, dos proyectos dirigidos a producir seis millones de toneladas, una cifra que había sido alcanzada en 1948. Con ese fin cerraron 71 de los 156 ingenios existentes y redistribuyeron el 60% de las tierras destinadas a las plantaciones de caña para otros cultivos. Como resultado de esas medidas la zafra terminada en el año 2005 descendió hasta 1,3 millones de toneladas: la peor cosecha azucarera de los últimos cien años; una cifra similar a la producida en 1907. Cuatro años después, la zafra concluida en 2009, logró superar en menos de 100 mil toneladas a la de 2005. Sin hablar del fracaso de ambos proyectos la reestructuración condujo al cierre de otras 29 fábricas, quedando disponibles solo 56 centrales.
En fecha más reciente, el 31 de marzo de 2012, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo planteó que el Ministerio de la Agricultura “presenta un estado económico-financiero desfavorable por varios años, el cual influye negativamente en la gestión empresarial” y demostró “que han sido insuficientes las acciones y medidas adoptadas hasta la fecha para revertirlo”[10]
El General de Ejército, Raúl Castro, en el discurso pronunciado el 26 de julio de 2007 en Camagüey, reconoció las deficiencias, errores y actitudes burocráticas o indolentes que se reflejan en los campos infectados de marabú y planteó que el precio creciente de los alimentos en el mercado internacional obligaba a producirlos en Cuba, donde –dijo- sobra tierra y las lluvias de los dos últimos años han sido generosas. Sin embargo, nada se dijo acerca de las tierras en manos de los campesinos privados, en las cuales el marabú se mantuvo bajo control. Luego, en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en julio de 2008, planteó enfáticamente: ¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir! En esa coyuntura el Estado promulgó el Decreto Ley 259 para la entrega de tierras ociosas en usufructo. La pregunta lógica es la siguiente: Si el Estado reconoce su incapacidad para producir, al punto que en nueve años el área cultivable se redujo en una tercera parte, y considera la producción de alimentos como problema de máxima seguridad nacional ¿cuál es la razón para que los productores privados, que han demostrado capacidad para producir con eficiencia, sean usufructuarios y el Estado, responsable de la ineficiencia, sea el propietario?
La experiencia práctica y la ciencia económica han demostrado que el ser humano se mueve hacia el logro de determinados fines en dependencia de sus intereses. Entre los diferentes factores que influyen en el interés de trabajadores y empresarios están la propiedad y la apropiación de los productos del trabajo. Cuando la relación entre esos dos factores se altera, como ha ocurrido en Cuba con la llamada propiedad de todo el pueblo –propiedad del Estado y desinterés de todos–, ocurre que los cubanos, desposeídos e impedidos de ser propietarios y/o de recibir en dependencia de sus aportes, prefieren subsistir a través de ilegalidades, hurtos, robos y apropiación de la propiedad de todo el pueblo. También está demostrado que cuando a la economía se le priva de su autonomía y se le subordina al voluntarismo y a las ideologías, el resultado negativo no se hace esperar.
Un problema tan vital para la nación cubana no podía escapar de la visión de ilustres figuras de nuestra historia. El Obispo Espada[11], en 1808, cuando los hacendados azucareros cubanos lograron que los nuevos ingenios quedaran exentos del impuesto decimal que debían pagar a la Iglesia, elaboró un proyecto económico basado en una economía diversificada de pequeños productores agrícolas. En 1832 José Antonio Saco, en Análisis de una obra sobre Brasil, planteó la conversión de la plantación esclavista en pequeñas parcelas agrícolas. En 1857 Francisco de Frías, Conde de Pozos Dulces, planteó que Cuba debiera ser por excelencia la patria de la pequeña propiedad y de los cultivos en escala menor[12]. José Martí decía Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos[13]. Enrique José Varona, tanto en la colonia como en la República, defendió la pequeña propiedad y el fomento de una clase media nacional. Martín Morúa Delgado planteaba la democratización de la tierra, en cuya división veía facilidades de trabajo y contén de miseria. Manuel Sanguily, entendió que la desposesión de la tierra de manos cubanas era un golpe contra la propia nacionalidad, para impedirlo presentó en el Senado, el 3 de marzo de 1903, un proyecto de ley “Contra la venta de tierras a los extranjeros”[14]. Fernando Ortiz en 1924 decía; “¡La tierra se nos va! Y nuestros gobiernos ni siquiera han distraído su atención en observar ese fenómeno”[15]
Conclusiones
A pesar de las experiencias internacionales, de los criterios de pensadores cubanos y del fracaso sufrido durante más de medio siglo, los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista reafirmaron que la empresa estatal socialista es la forma principal en la economía; y en las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales. Por tanto, hasta que no se rectifique esa decisión, marcada por la ideología del poder, y se proceda a poner en contacto directo a los campesinos con la propiedad de la tierra que trabajan, los fracasos se repetirán una y otra vez.
Esas en un país que tiene un potencial enorme y puede ser rico, pero ello –parafraseando a Martí- es imposible si sus habitantes no pueden ser ricos también.
En fin, que desde la colonia Cuba adolece de una estructura económica que garantice la participación de los ciudadanos en las principales determinaciones de los procesos productivos y económicos y por tanto se impone un proyecto de reformas estructurales, cuyo fundamento político debe ser la pluralidad y la oportunidad de participación, garantizados por el pleno ejercicio de las libertades públicas e individuales y de un debate participativo entre todos los interesados.
Bibliografía
Bernal Beatriz (compiladora). Cuba: Fundamentos de la democracia; antología del pensamiento liberal cubano desde fines del siglo VXIII hasta fines del siglo XIX. Madrid, Fundación Liberal José Martí, 1984.
Guerra, Ramiro. Azúcar y Población en las Antillas. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1970.
Martí, José. Obras Completas. Tomo 7. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991
Mayo, José. Dos décadas de lucha contra el latifundismo. Breve historia de la Asociación nacional Campesina. La Habana, Editora Política, 1980.
Viñalet, Ricardo. Fernando Ortiz ante las secuelas del 98. La Habana, Fundación Fernando Ortiz, 2001
Pichardo, Hortensia. Documentos para la historia de Cuba. Tomo 2. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1969.
Dimas Cecilio Castellanos Martí. ( Jiguaní, Granma, 1943)
Reside en La Habana desde 1967.
Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información
(1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
Trabajó como profesor de cursos regulares y de post-grados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la
Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
Primer premio del concurso convocado por “Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.


[1] Del rey
[2] R. GUERRA. Azúcar y Población en las Antillas, pp.63-66
[3] La Orden militar No. 34, Ley de Ferrocarriles, de 7 de febrero de 1902 y la Orden Militar 62, Sobre el deslinde y división de haciendas, hatos y corrales, de 5 de marzo de 1902, dictadas por el gobierno de Leonardo Wood, durante la ocupación de Cuba.
[4] H. PICHARDO. Documentos para la historia de Cuba. Tomo 2, p.156
[5] R. GUERRA. Azúcar y Población en las Antillas, p.87
[6] J. MAYO. Dos décadas de lucha contra el latifundismo. Breve historia de la Asociación Nacional Campesina, pp. 44-45.
[7] J. MAYO. Dos décadas de lucha contra el latifundismo. Breve historia de la Asociación Nacional Campesina, p. 18
[8] J. MAYO. Dos décadas de lucha contra el latifundismo. Breve historia de la Asociación Nacional Campesina, p. 21
[9] J. MAYO. Dos décadas de lucha contra el latifundismo. Breve historia de la Asociación Nacional Campesina, p. 20
[10] Puig Meneses Yaima. Trabajar con integralidad ante cada problema. En el diario Granma, jueves 5 de abril de 2012, p.3
[11] Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, Obispo entre 1800 y 1832
[12] Carta contenida en la obra del Conde de Pozos Dulces Reformismo Agrario. En Fundamentos de la democracia; antología del pensamiento liberal cubano desde fines del siglo VXIII hasta fines del siglo XIX, p.101
[13] J. MARTÍ. O.C. Tomo 7. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991
[14] H. PICHARDO. Documentos para la historia de Cuba. Tomo 2, p.261
[15] R. VIÑALET. Fernando Ortiz ante las secuelas del 98. p.115